Las comunidades y organizaciones ambientales y de derechos humanos alertan sobre la intención del alcalde del municipio de Puerto Guzmán en Putumayo, de derogar el acuerdo municipal 007 del 2019 que prohíbe nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas que afecten a las comunidades indígenas y al medio ambiente en este municipio de la amazonia colombiana.
El proponente para derogarlo, es Miguel Angél Muñoz Gomez, actual alcalde del municipio y quien expuso sus motivos mediante un documento* el 14 de agosto ante el consejo municipal expresando que dicho acuerdo excede las competencias y se toma atribuciones que no le corresponden, ni constitucional ni legalmente al municipio.
Sin embargo para las comunidades de Puerto Guzmán, un municipio Amazónico que hace parte de la cuenca alta del río Caquetá, más de 30 años de exploración y explotación de hidrocarburos y más de 70 años de actividades minero energéticas en el departamento del Putumayo no ha representado un desarrollo para sus comunidades por lo que ven con preocupación que el Estado siga promoviendo la expansión del extractivismo, la anulación de acuerdos de protección ambiental como el Acuerdo 020 del 2018 en Mocoa, y ahora, la intención de derogación por parte de un alcalde de un acuerdo que busca proteger el patrimonio ambiental de un municipio amazónico.
“No es posible que la apuesta de los gobiernos locales sea en contravía del cuidado de los ecosistemas y bienes comunes del Putumayo, desconociendo los actos administrativos de los consejos municipales en representación de la gran mayoría de la ciudadanía que firmemente busca cuidar las fuentes hídricas y biodiversidad de la cuenca del río Caquetá. No es acertado que se desproteja el territorio extrayendo recursos no renovables ni que se someta a las comunidades a una economía dependiente de la explotación de petróleo” Expresa un comunicado emitido en conjunto por más de 30 organizaciones del departamento.
La Fundación Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofania Jardines de Sucimbíos-Ipiales Nariño (Red de Derechos Humanos) también realizó un llamado al gobierno, defensorías y organizaciones de derechos humanos para que se pongan en marcha “las garantías y mecanismos necesarios que desde ya aporten a detener el desangre de nuestra tierra, y con planes territoriales avanzar en la materialización de la Paz con Justicia Social, protegiendo la labor de las y los defensores de DH y ambientalistas.” Expresa el comunicado* del 29 de Agosto del 2024 ante la publicación de esta intención.
Origen del acuerdo, una iniciativa comunitaria para proteger la vida.
El acuerdo 007 del 2019* nace de un proceso social que comienza a tejerse en el Foro Minero Energético y Ambiental por la Defensa de la Región Andinoamazónica realizado en septiembre del 2017 en la vereda el Bombón en el municipio de Puerto Guzmán. En este encuentro participaron más de 40 veredas e inspecciones, así como el pueblo indígena Nasa, organizaciones sociales y campesinas y delegados del ETCR. Se resalta que entre los invitados se encontraba Luis Arturo Ramírez, abogado impulsor de la consulta popular en Tauramena, Casanare (Piedemonte llanero y defensor del río Cusiana) y Óscar Vanegas, ingeniero de petróleos, especialista en finanzas y en gerencia de hidrocarburos que lideró la defensa de Caño Cristales (La Macarena) del interés de la industria petrolera.
Del espacio nace un mandato de campesinos, indígenas y afrodescendientes del municipio de Puerto Guzmán, en el que tras un año de la firma de los acuerdos de paz y la amenaza de la expansión extractivista, se habló del “derecho a la paz definitiva, estable y duradera”. Allí se acuerda de manera conjunta defender el agua, el derecho a un ambiente sano, a la autonomía territorial, la soberanía popular, la consulta previa, garantías al acceso a la información, así como exigir a las autoridades de manera estricta los principios de precaución y prevención en proyectos mineros y rechazar su expansión, entre otros puntos que motivaron a las comunidades organizar una consulta popular.
En este espacio, el alcalde del periodo 2016-2019, Rodrigo Rivera se compromete a impulsar este mecanismo de participación ciudadana con el asunto: Consulta Popular sobre actividades de sísmica, fracking, exploración, explotación de minería e hidrocarburos en el municipio de Puerto Guzmán.
Las comunidades, organizadas en un Comité promotor de la consulta popular por la protección del agua, la vida y el territorio de Puerto Guzmán, inician una serie de reuniones. La primera el 13 de septiembre en la vereda el Cerrito para concretar al alcalde y al concejo su compromiso frente a la consulta popular. Seguido el 28 del mismo mes se define un plan de trabajo y se decide convocar a un foro el 19 de octubre en la vereda El Porvenir.
El 11 de octubre de 2018 la Corte Constitucional mediante la Sentencia SU-095 de 2018 deja sin validez las consultas populares para prohibir o regular la minería. Sin embargo las comunidades hacen el foro en El Porvenir y el Comité opta por recurrir a los acuerdos ambientales municipales con la orientación de Rodrigo Negrete, abogado, consultor ambiental, actualmente Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.
El 3 de diciembre la comunidad radicó ante el Concejo municipal el proyecto de acuerdo que prohíbe la actividad petrolera y el Consejo lo rechaza argumentando extralimitación en sus funciones. No reconoce sus facultades para prohibir la explotación petrolera.
Ante el incumplimiento de la alcaldía y el concejo municipal de impulsar la consulta popular, las comunidades se movilizan el 15 de febrero de 2019 para protestar por su falta de compromiso con la protección del territorio frente a los intereses de las petroleras. En esa movilización el concejal Arley Avila se compromete a redactar y aprobar lo que ahora se conoce como el Acuerdo 007 del 31 de mayo del 2019*.
Audio: Archivo personas Jorge Guzmán | Marcha campesina antipetrolera del 15 de febrero del 2019 en Puerto Guzmán. “Hemos sido acusados falsamente por trabajadores de la empresa Gran Tierra de ser responsables de actos terroristas, situación que colocó en riesgo nuestra vida, integridad física y psicológica sin que recibiéramos el apoyo esperado por parte de la institucionalidad que debiera proteger nuestros derechos fundamentales”
Paralelo a la búsqueda de las comunidades para proteger el territorio, los ojos se centraron en el río Mandur, el único río que nace y desemboca en el municipio “Los nuevos pozos de petróleo se ubican en la cuenca de este afluente donde se gestó un proceso comunitario para recuperar y conservar el río que perduró por varios años a través de la educación popular y la recuperación de la memoria ambiental del territorio. Además, las comunidades a lo largo de la cuenca comenzaron a cuestionar los impactos ambientales de sus propios modos de sustento. Durante los debates públicos en esta época sobre el tema petrolero, se evidenció la división entre los pobladores urbanos que apoyan la idea de que la economía petrolera les va a beneficiar y las poblaciones rurales, donde vive la mayoría de los habitantes, que van a sufrir las consecuencias directas ambientales y en términos de salud pública de la apertura de más pozos” Dice Kristina Lyons antropóloga e investigadora que acompañó los procesos de defensa territorial en Guzmán.
"Como habitante de Puerto Guzmán, considero que el Acuerdo 007 responde a demandas reales de las comunidades rurales que buscan protección frente a la explotación petrolera. Por eso, resulta sorprendente que un alcalde elegido para gobernar 'de la mano con las comunidades' derogue este acuerdo sin consultarlas, ignorando el proceso que lo originó. Su idea de que el petróleo nos traerá desarrollo no tiene sustento en la realidad”. Dice Jorge Luis Guzmán, hijo de Sinai Rocha y Jorge Julio Guzmán, fundadores de este municipio, y quien nos relata parte de la historia del Acuerdo.
¿Qué piden las comunidades?
Tanto el Acuerdo 007 de 2019 de Puerto Guzmán y El Acuerdo 020 del 2018 de Mocoa (anulado) han sido herramientas que han nacido de procesos sociales que buscan proteger las cuencas hídricas de intereses minero energéticos, siendo estos dos municipios parte de la cuenca alta del río Caquetá.
“El acuerdo fue construido con el pueblo, nosotros decimos que si se va a cambiar, a modificar o abolir sea en presencia con el pueblo y con las comunidades que participaron en su creación” expresa Alexander Sánchez de la Red de Derechos Humanos.
El líder agrega que le preocupa ese interés de la administración de creer que la petrolera le va a solucionar los problemas económicos al municipio e invita a ver otras experiencias en el departamento. “basándonos en lo que hoy pasa en el corredor Puerto Vega Teteyé en Puerto Asís en el que la gente no tiene agua para consumo humano y menos para bañarse y que la empresa debe llevárselo en carrotanque, nos preguntamos ¿vale la pena que esto se acabe o seguir luchando? Esto debe cambiar y el Acuerdo de Escazú lo ratifica”
*Documentos adjuntos
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