Más de 70 años de exploración y explotación petrolera no han sido suficientes para cumplir las promesas de desarrollo en el Putumayo, un departamento del piedemonte andinoamazónico colombiano que en la actualidad enfrenta una dicotomía impuesta por empresas extranjeras y gobiernos del norte global que planean convertirla en una fuente de minerales como el cobre para garantizar la transición energética. Labor que paradójicamente, perpetúa la desigualdad y amenaza aún más la vida y la memoria del territorio.
“Proyecto Mocoa” es un proyecto de minería que busca explotar cobre, oro, molibdeno y otros minerales en una zona de alta biodiversidad del piedemonte andinoamazónico. Su argumento principal, es garantizar los insumos necesarios para la transición energética global. Esta iniciativa minera no solo amenaza la riqueza ambiental del territorio, sino que también plantea un problema de justicia racial, pues en este departamento habitan quince pueblos indígenas, entre ellos, el Inga y el Siona, ambos en peligro de exterminio físico y cultural según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En Putumayo también habitan comunidades afrodescendientes que han sido sistemáticamente empobrecidas con el abandono estatal. A estas poblaciones se les presenta la extracción minero energética como una opción para salir de la pobreza, ignorando la historia del territorio, el conflicto armado, las caucheras y otras formas de saqueo, que continúa con la extracción de petróleo, sin generar el desarrollo prometido.
Esta situación ilustra además, la urgencia de abordar la justicia ambiental, pues los territorios más ricos en materia cultural y ambiental siguen siendo saqueados por decisiones negociadas en instituciones centralizadas colombianas y espacios internacionales como las conferencias de las partes (COP). Ante esta realidad, liderazgos emprendedores y guardianes del departamento del Putumayo estuvieron presentes en la COP16 que se llevó a cabo del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024 en la ciudad de Cali, para visibilizar esta problemática y exigir que las decisiones globales no perpetúan las desigualdades locales.
Este escenario permitió visibilizar los conflictos socioambientales del territorio y generar alianzas estratégicas entre defensores ambientales, academia y organizaciones comprometidas con la protección de la vida. Sin embargo, una gran limitante fue la falta de participación real de los sectores sociales en los espacios de negociación, un vacío que se vio maquillado por el llamado lavado verde. Este fenómeno, impulsado por grandes industrias consiste en presentarse como protectores del medio ambiente, mientras sus prácticas siguen deteriorando los territorios y perpetuando la crisis climática.
En contexto: ¿Qué son las Conferencias de las Partes?
Las Conferencias de las Partes (COP) son espacios de negociación internacional impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta organización nació en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de garantizar la “armonía” entre Estados, creando foros de encuentro y diálogo.
Uno de estos espacios clave surgió en 1992 con la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río, realizada en Río de Janeiro. Por primera vez, de manera oficial, Estados, organizaciones no gubernamentales, la comunidad científica y otros actores reconocieron que la vida en la Tierra está en riesgo.
De esta cumbre surgieron tres grandes convenciones para abordar los desafíos globales más urgentes:
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD)
Los países que ratifican estas convenciones, es decir que firman y se comprometen a asumir responsabilidades, pasan a ser parte de las Conferencias de las partes o COP que por cada convenio se nombran así:
La Conferencia mundial de la Naciones Unidas para El Cambio Climático (CMNUCC) o COP del clima. Busca frenar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La última fue la número 29 (COP29) realizada en Azerbaiyán en noviembre de 2024.
Conferencia sobre la Diversidad Biológica (CDB) o COP de biodiversidad se enfoca en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. La última fue la número 16 (COP16) realizada en Cali, Colombia.
Conferencia de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) Tiene como objetivo combatir la desertificación y la degradación de suelos. La última fue la número 16 realizada en Riad, Arabia Saudita en diciembre de 2024.
Cada una de estas conferencias tiene sus propios objetivos, acuerdos y mecanismos de financiación que se evalúan o ajustan durante las negociaciones.
A pesar de su relevancia, estas conferencias han sido fuertemente cuestionadas por activistas climáticos globales, como Greta Thunberg, debido al fenómeno del “lavado verde”. Este consiste en que países y multinacionales se presentan como líderes ambientales mientras continúan sin asumir la responsabilidad de las emisiones contaminantes y los impactos sociales que han causado la crisis climática.
Además, las COP han fallado en vincular de manera efectiva las voces de los principales guardianes de la vida: comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Son ellos quienes habitan y protegen los territorios más conservados del mundo, pero también quienes sufren con mayor intensidad las consecuencias de un modelo extractivo impulsado por el norte global en nombre del desarrollo.
¿Por qué le deben interesar las COPS a los habitantes de Putumayo?
El Putumayo es un territorio interconectado con los páramos, la selva y el mar. Se ubica al suroccidente de Colombia entre el macizo colombiano lugar donde nacen los ríos Cauca, Magdalena Patía, Caquetá y Putumayo (estos dos últimos alimentan el río Amazonas); es piedemonte andino amazónico y con el departamento de Nariño interconecta con los seres naturales del chocó biogeográfico, un corredor altamente biodiverso.
Gracias a la diversidad de climas que marcan sus pisos altitudinales, ha gestado una riqueza infinita de animales, plantas y hongos que conocen y cuidan más de 15 pueblos originarios, convirtiéndola en una casa viva y en el lugar donde la memoria ancestral de la tierra se resguarda. Sin embargo, en la agenda global, su cuerpo sigue siendo visto como un territorio de saqueo por lo que participar en la toma de decisiones puede lograr que los beneficios y soluciones se planteen de manera justa.
La transición energética y su impacto en el Putumayo
Un caso en particular es la transición energética que plantea un cambio de la matriz energética para abandonar la dependencia del carbón y de combustibles fósiles (petróleo) a energías limpias. Esto nace del Acuerdo de París, documento marco de la Conferencia de las partes de la Cumbre por el clima, y que identifica las emisiones de gases de efecto invernadero como la principal causa del cambio climático. Desde entonces, la comunidad internacional, entre otras acciones, ha impulsado una agenda de transición hacia fuentes de energía renovables para frenar el aumento de la temperatura global.
Sin embargo, mientras el discurso global promueve el abandono de los combustibles fósiles, la realidad en el piedemonte amazónico es otra. Según datos de FDCS Colombia, en el piedemonte amazónico operan diez empresas de hidrocarburos a través de 113 contratos petroleros en diferentes etapas. De los 82 contratos que han sido adjudicados para la exploración y la producción, el 68% se desarrolla en el Putumayo y el 32% en el Caquetá, principalmente en las cuencas de los ríos Putumayo, Caquetá, San Miguel, Cencella y Mecaya.
Aunque los acuerdos como el de París hablan de reducir progresivamente la dependencia del petróleo, los bancos siguen financiando su extracción en la Amazonia y las petroleras en Putumayo siguen invirtiendo para ampliar su operación y continuar explorando para abrir nuevos pozos, perpetuando un modelo extractivista incompatible con las metas climáticas.
Con la excusa de las energías limpias, el Putumayo enfrenta ahora una nueva amenaza: “el Proyecto Mocoa”, liderado por la multinacional canadiense Libero Copper and Gold. Este proyecto busca extraer cobre, molibdeno y otros minerales estratégicos para la transición energética, poniendo en riesgo el agua, los bosques y la vida de las comunidades.
Esta problemática no es exclusiva del Putumayo. Según Joan Carling, de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI), el 60% de los minerales para la transición se encuentra en territorios indígenas del mundo, lo que agrava los conflictos, la violencia y la criminalización contra estas comunidades. Durante un diálogo en la COP16, Carling destacó que aunque los pueblos indígenas apoyan el abandono de los combustibles fósiles, los Estados priorizan los intereses de las grandes empresas, ignorando los derechos de las poblaciones más vulnerables.
El mercado de carbono: una falsa solución climática
El Acuerdo de París, adoptado en la COP del clima, establece que los países deben comunicar las denominadas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en otras palabras el % que se compromete en reducir la emisión de gases de efecto invernadero a 2030. Sin embargo, los países más contaminantes han evitado reducir significativamente sus emisiones. En lugar de asumir cambios estructurales, estas naciones han impulsado un “mercado verde” conocido como bonos de carbono. Este sistema permite que las industrias contaminantes compren créditos a comunidades que conservan bosques, con el argumento de compensar sus emisiones, sin obligarse a reducirlas.
Aunque hay un acuerdo global para regular este mecanismo, se ha documentado que los bonos de carbono han generado conflictos entre las comunidades, un sistema que facilita la corrupción y la violación de derechos fundamentales como la consulta previa convirtiendose en una estrategia más de mercantilización de la naturaleza que desviando la atención de los verdaderos responsables de la crisis climática: los países y empresas que sostienen modelos de consumo insostenibles.
Organizaciones como Survival International han clasificado los bonos de carbono como una falsa solución climática, señalando que estas iniciativas perpetúan la desigualdad al cargar sobre las comunidades locales el peso de compensar la contaminación global. Este sistema, en lugar de mitigar el cambio climático, beneficia a quienes tienen el poder económico para seguir contaminando.
Entre otras exigencias en estos espacios donde se negocia la vida hay un factor clave y es la financiación, en el caso de la última COP del clima realizada en Azerbaiyán que tenía como objetivo poner una nueva meta de financiación para que los países ricos financien la adaptación y mitigación del cambio climático de los países en vía de desarrollo, esta meta no se logró. Esta falta de consenso refleja una realidad preocupante: los países del sur global, que son los más afectados por la crisis climática, siguen enfrentando limitaciones para acceder a recursos que les permitan proteger sus territorios y comunidades.
De cara a la próxima COP30, que se llevará a cabo en Brasil, la participación activa de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos del Putumayo puede ser decisiva para visibilizar las demandas del territorio y plantear soluciones que respeten sus derechos y ecosistemas. La Amazonía, compartida entre Brasil, Colombia y otros países, será el epicentro de estas discusiones, y es imperativo que las comunidades que han protegido estos territorios durante siglos tengan un papel central en las decisiones que definirán el futuro del planeta.
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